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El bloque kirchnerista no apoya una reforma penal juvenil en el Congreso

La diputada kirchnerista Graciela Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Legislación General, aseguró que el Congreso no va a aprobar ninguna ley que baje la edad mínima de imputabilidad, porque “es un enfoque equivocado creer que con más mano dura se soluciona el problema de la inseguridad pública”. Su compañera de bloque Diana Conti también se pronunció “en contra de toda norma que baje la edad de imputabilidad porque eso significa tapar con una ley que se está criminalizando a los menores en situación de riesgo”, y ratificó que, al menos este año, no va a ser tratada una modificación al régimen penal juvenil vigente desde la dictadura.

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, se declaró días atrás a favor de un proyecto de ley nacional que establece la penalización de chicos y chicas a partir de los 14 años. Esa iniciativa circula en el Senado nacional y fue presentada por la ex senadora y hoy diputada Vilma Ibarra, según quien Argentina “tiene que modificar en forma obligatoria y necesaria el régimen actual sobre menores porque está fuera de lo que dicta la Convención Internacional por los Derechos del Niño”. Ibarra recordó que ahora “el juez puede disponer la detención de los menores de 16 años con la sola imputación policial, sin que el chico tenga el derecho a ser defendido por un abogado de su confianza”.

En defensa de su iniciativa, Ibarra señaló que por la norma actual, originada durante la dictadura, “los chicos no tienen ni debido proceso ni el derecho a ser defendidos”. En cambio, Conti sostuvo que “en los últimos años los jueces han cambiado su mentalidad” al citar un informe realizado por el Ministerio de Desarrollo Social, junto con Unicef, de acuerdo con el que “de los 20 mil chicos que había en institutos de todo el país se bajó a 6600 y no pasan de 180 los que están por delitos graves”.

Fuera del Parlamento, diversas voces también se han sumado al debate realzado después de que el Ejecutivo Bonaerense proclamara una baja en la edad mínima de imputabilidad, como respuesta al reclamo de cierto sector social que salió a las calles en demanda de “seguridad” después del asesinato de un vecino de San Isidro. “La propuesta de aumentar el poder represivo del Estado sobre las personas menores de edad sólo refuerza el sesgo discriminatorio de las políticas de seguridad sobre los sectores más vulnerables de la sociedad”, se pronunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi), afirmó que es este “un debate falso porque los institutos de menores están llenos de chicos pobres y porque la Justicia, hace poco, le tuvo que ordenar a la policía que deje de detener a jóvenes por averiguación de antecedentes.” Para Verdú, “el problema es lo que pasa con los chicos pobres que tienen de cero a 16 años y que no tienen nadie que los pueda defender. Eso ocurre con la ley de la dictadura y va a seguir ocurriendo con cualquier ley, si no se cambian la situación social de esos chicos que son víctimas de las políticas de Estado”.

Fuente: Página/12, 04/11/08
Reseña Niñez y Adolescencia en los Medios, Periodismo Social