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Edad de imputabilidad: crece la resistencia al proyecto de Scioli

Diversas voces de especialistas, jueces y políticos siguen expresando su rechazo a un proyecto de bajar la edad mínima de imputabilidad respaldado por el Ejecutivo Bonaerense como respuesta al reclamo de ciertos sectores de la sociedad civil después del asesinato de un vecino de San Isidro, por el que un adolescente fue detenido. No obstante, y aunque su iniciativa no encontró eco en el gobierno nacional ni entre los legisladores nacionales del Frente para la Victoria, el gobernador Daniel Scioli insistió con el proyecto y anunció que duplicará la cantidad de plazas para encerrar a chicos y chicas sospechosos de cometer delitos.

De cualquier modo, Scioli admitió que la privación de la libertad debe ser un “último recurso” y que, para esos casos, la Provincia está construyendo más edificios donde encerrar a esos chicos: “Hay 18 ahora. Se van a abrir ahora seis nuevos. Y se están capacitando 120 profesionales para atenderlos”. Otra de las medidas reclamadas por los sectores que claman por “seguridad” y que el mandatario bonaerense pretende satisfacer es más presencia policial: “Estamos incorporando más policías, sacando más policías a la calle. Necesitamos seguir incorporando efectivos a la fuerza”, expresó Scioli.

Proyecto. La iniciativa de ley que apoya Daniel Scioli en el Congreso, elaborado por los legisladores Vilma Ibarra, Gerardo Morales, Silvia Gallegos y Sonia Escudero, entre otros, prevé la conformación de un ‘Régimen Penal de Menores’, según el cual la inimputabilidad total sólo será considerada para los menores de 14 años (actualmente esta barrera está en los 16). Los adolescentes de 14 y 15 años seguirán siendo inimputables sólo para delitos menores (cuya pena no exceda los 3 años). A los que cometan "delitos contra la vida y la integridad sexual" con penas mínimas superiores a 5 años (homicidio, por ejemplo), se los podrá condenar a penas de hasta 3 años de encierro en “centros especializados”.

“Alejándonos de ideas simplistas y mediáticas sobre la baja de la edad de imputabilidad, las políticas públicas no pueden quedar libradas –como ha ocurrido hasta ahora– a la discrecionalidad. Se ha ido desde no hacer nada a encarcelar a todo niño o joven en conflicto con la ley penal. Esta ausencia de reglas ha posibilitado los peores abusos y profundizó la desconfianza de la población en la administración de justicia”, agregó Morales, presidente del Comité Nacional de la UCR.

Rechazos. La fiscal general de Política Criminal Mary Beloff sostuvo que “la solución está en la política (preventiva)” y abogó por un enfoque de la problemática “que se deriva de los tratados de derechos humanos para los cuales no puede haber responsabilidad penal sin prevención, entendida ésta como el cumplimiento de las responsabilidades de la familia, de la sociedad y del Estado hacia la infancia.” Beloff opinó que “una sociedad que piensa más en castigar a sus jóvenes que en generar las condiciones para que ellos crezcan al margen del delito revela una miopía severa y compromete seriamente su futuro”.

La periodista Irina Hauser subrayó que el debate sobre la inseguridad vino esta vez acompañado por las advertencias de los más altos funcionarios nacionales y provinciales, en referencia a las críticas de la presidenta Cristina Fernández y su antecesor, Néstor Kirchner, a la Justicia, por dejar en libertad a personas acusadas de delinquir. Además, opino que “los sermones que claman por más cárcel, ante una sociedad ya bastante reaccionaria, no se matizan ni se equilibran con aclarar a renglón seguido que no se trata de endurecer las leyes ni de imputar a los niños desde más chicos”. Respecto de los dichos del matrimonio Fernández-Kirchner, el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni expresó de él que “dijo lo que suele decir un político. O sea que siguió el discurso político dominante, conforme al discurso único de medios, del que los políticos consideran que no pueden apartarse porque pierden votos”. Horacio Verbitsky, en su columna dominical en Páginal12, recordó que el jefe de la Policía Bonaerense, Daniel Salcedo, difundió a distintos medios de comunicación “informes tan alarmistas como imprecisos sobre número de delitos y carácter de sus autores”. A continuación, cita una investigación de Unicef y la Universidad de Tres de Febrero que “pone en duda esas afirmaciones”, según la cual hay 6.658 niños, niñas y adolescentes afectados a establecimientos y programas en todo el país. Verbitsky consideró que “el proyecto de Scioli y su ministro de Justicia Ricardo Casal para dificultar las excarcelaciones y permitir penas menos graves que la prisión preventiva sólo para septuagenarios, enfermos terminales, mujeres embarazadas y madres de hijos menores de cinco años, aumentará la presión en la caldera que son las cárceles bonaerenses y, lejos de disminuir la violencia, la incrementará, porque la sociedad no se compone de compartimientos estancos y lo que ocurre intramuros tarde o temprano se refleja en las calles”.

Fuente: Reseña Niñez y Adolescencia en los Medios, Periodismo Social