Más voces contra el encierro de chicos acusados de cometer delitos
“Debemos trabajar en una ley de responsabilidad penal juvenil para los adolescentes de 16 a 18 años. Pero a los más chicos, a los de 14 y 15, no los metamos en el sistema penal. No deberían estar ahora, no sancionemos leyes que legalicen su encierro en el futuro”, reclamó la abogada y magíster en Criminología Claudia Cesaroni. La especialista coincidió con el diputado del SI, Emilio García Méndez, en que son necesarias “políticas sociales inclusivas para niños y adolescentes víctimas” pero no acordó en el pedido de “severidad con justicia para los adolescentes victimarios”, de entre 14 y 18 años, en “delitos graves taxativamente estipulados...”.
“La privación de libertad de niños y adolescentes menores de 16 años es inconstitucional en nuestro país y esos niños y adolescentes deben ser atendidos por las agencias previstas en la normativa vigente para que se les restituyan sus derechos”, sostuvo Cesaroni. “Se trata de aplicar la Constitución nacional, incluida por supuesto la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional, y la ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Nº 26.061”, afirmó. García Méndez había denostado a “la paleoderecha nostálgica del orden procesista”, que propone “soluciones ‘eficaces’ literalmente decimonónicas sin muchas ataduras legales”, y a los “pequeños grupos seudoprogresistas, nietos trasnochados de un abolicionismo penal de pacotilla.
En el marco del mismo debate, el obispo de La Rioja, Roberto Rodríguez, se sumó a las voces contrarias a bajar la edad mínima de imputabilidad, y opinó que debe prevenirse la inseguridad con políticas sociales. “Primero se deben atacar las verdaderas causas de esta problemática”, consideró, y pidió “un tratamiento serio del tema” dado que “es precisó analizar que las personas usan la violencia por necesidades insatisfechas”.
Para Gabriel Elías Ganón, defensor general del Departamento San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y Profesor de Política Criminal y Criminología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), “los medios de comunicación social y cierta oposición política al Gobierno no dejan de perder oportunidad para infundir miedo y acercar a la ciudadanía a la sensación de estar viviendo una catástrofe definitiva”. Además, acusó a “parte de la elite política” que “se ha lanzado a la caza y virtual exterminio de los niños pobres. Su evidente hipocresía los lleva a demandar desde la baja de la edad de la imputabilidad hasta la desaparición del juicio previo, para poder encarcelarlos tan pronto como sea posible. Utilizan curiosos recursos discursivos para imponer sus ‘nuevas’ tecnologías del aniquilamiento, ya no como excepcionalidad sino como práctica habitual”.
Sobre esos niños excluidos, reflexionó: “Como no son ni sus vecinos ni los nuestros y sus voces estarán siempre ausentes aun después de la muerte, jamás llegaremos a conocer sus nombres. ¿Será acaso porque en estos tiempos, en los que impera la sinrazón y la cólera, muchos de nosotros nos dejamos arrastrar enceguecidos por el miedo y comenzamos a sentir que las vidas de esos niños no son dignas de ser vividas y por lo tanto deben ser abandonados por el Estado o a su suerte o a la muerte aleatoria detrás de los muros de una cárcel?”
Fuente: Páginal12; El Territorio – Misiones; 29/10/08
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