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Un juez ordenó frenar un aborto autorizado por la ley

El juez de Familia Jorge Eduardo Longas, hizo lugar a un recurso de amparo y ordenó ayer (30/9) suspender por 48 horas la práctica médica que estaba prevista por la mañana a una adolescente de 18 años, con discapacidad mental, abusada sexualmente en el seno de su familia. En medio del drama que vive la joven, un grupo de monjas que trabajan en el Hospital Penna, donde está internada, hicieron una cadena de oración en la puerta del establecimiento. “El derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana”, expresaron las religiosas al leer un comunicado del Arzobispado de Bahía Blanca, encabezado por monseñor Guillermo José Garlatti.

“Es un nuevo avasallamiento de corporaciones religiosas que impiden que este Estado que exigimos laico y sus funcionarios comprometidos por juramento público en hacer cumplir las leyes, garanticen los derechos de las mujeres como derechos humanos universales”, respondió con fuerte indignación Elsa Schvartzman, integrante del Foro por los Derechos Reproductivos y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, al conocer la intervención judicial.
La práctica del aborto no punible a la joven ya estaba acordada en el Hospital Penna. La había solicitado la representante legal de la muchacha, la abogada María Fernanda Petersen, secretaria de la ONG Patronato de la Infancia de Bahía Blanca, donde la chica vivía desde hace varios años. Pero la llegada de la notificación judicial obligó a frenar la práctica.

Qué dice la ley. El artículo 86 del Código Penal establece que, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, el aborto no es punible y sólo debe tener el consentimiento del representante legal de la víctima. Los dos requisitos se cumplen en este caso.
El drama de la joven. La historia conmueve a la ciudad de Bahía Banca desde hace varias semanas. La adolescente fue violada al ir a visitar a su familia durante un fin de semana. El embarazo, consecuencia de los abusos, ya lleva unas diez semanas. Después de conocerse el caso, el Patronato de la Infancia fue descabezado: se supo que la niña, cuya edad mental sería de unos diez años, había alertado a profesionales de la centenaria institución que sufría manoseos en su entorno familiar. Pero a pesar de su testimonio, la volvieron a mandar de visita. Otra vez. No es el primer caso en el que un pedido de aborto no punible se obstruye desde la Justicia. Hace pocas semanas ocurrió una situación similar en la ciudad de Mendoza. Y en otras provincias, se intentaron maniobras parecidas a lo largo de los últimos dos años.

Fuente: Reseña Niñez y Adolescencia en los Medios, Periodismo Social