La instrumentación de la figura del abogado del niño/a, prevista en la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños y Niñas pero aún no implementada, fue tema de debe ayer (30/6) en el Salón San Martín de la Legislatura porteña por representantes del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, del gobierno porteño; la Asesoría General Tutelar, del Ministerio Público de la Ciudad; e integrantes de distintas organizaciones sociales vinculadas con la infancia.
Sancionada por el Congreso en 2005, la ley 26.061, de protección integral de la infancia, establece en su artículo 27 la obligatoriedad de la asistencia letrada para personas menores de edad en procesos judiciales o administrativos que los afecten. Simultáneamente, reafirma para ellos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución nacional y ratificados en la Convención Internacional de Derechos del Niño y las niñas y en los tratados internacionales.
"En la práctica, los jueces se resisten a esa figura y siguen dictando medidas tutelares, sobre todo en los fueros penales, al juzgar a los niños como incapaces o bien señalar que tienen en sus padres a sus representantes legales", argumentó la asesora general tutelar Laura Musa, quien relató que desde que la ley fue sancionada, en total "no ha habido más de 30 procesos judiciales en los que intervinieran los abogados de los niños, cuya participación hoy instrumentan las ONG".
El presidente del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes porteño, Jorge San Martino, planteó que el nuevo cuerpo letrado especializado en niños debería depender de una institución autónoma e independiente del Poder Ejecutivo. Su postura ganó en adhesiones y se propusieron como modelos una defensoría pública, como la del pueblo, especializada en infancia, la creación de un nuevo brazo de la Procuración o algún otro organismo capaz de limitar eficazmente el poder del Estado.
Fuente La Nación, 01/07/08
Reseña Niñez y Adolescencia en los Medios, Periodosmo Social
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